En el mes de septiembre, el Fiscal Provincial de Madrid, sección de lo Contencioso Administrativo, se ha adherido al recurso presentado por la Oposición

El pasado 1 de julio, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid instaba a la alcaldesa socialista a convocar un Pleno Extraordinario para debatir y votar la moción de censura presentada contra ella.

El grupo municipal del Partido Popular de Colmenarejo recibió el pasado 22 de septiembre, contestación del Fiscal Provincial de Madrid -sección de lo Contencioso Administrativo-, en la que se adhiere al recurso de apelación los populares, interpuesto el pasado mes de agosto al auto del 28 de julio de 2022, en el que se rechazaba su petición de ejecución provisional de la sentencia del 1 de julio de 2022, en la que se establecía que debía procederse a la convocatoria del Pleno de Moción de Censura contra la alcaldesa socialista Miriam Polo, presentado por la oposición del Ayuntamiento de Colmenarejo, integrada por PP, Vox, Alternativa por Colmenarejo y un concejal no adscrito, el pasado 29 de julio de 2021.

 El Fiscal manifiesta que se debe convocar el Pleno de Moción de Censura tal como indica la sentencia del 1 de Julio, a pesar de que el Ayuntamiento haya recurrido dicha sentencia.

En su escrito expresamente indica “Uno de los intereses a valorar al ejecutar la sentencia es evitar que la Administración vencida haga un uso fraudulento de los recursos que están en sus manos, con finalidad dilatoria”.

La contestación del Fiscal subraya que: “el Fiscal se adhiere al recurso interpuesto, en base a lo expuesto y a las alegaciones emitidas por el recurrente (concejales de la Oposición) solicitando se revoque el Auto de fecha 28 de julio de 2022”.

Burla de la alcaldesa socialista a su moción de censura

El pasado 29 de julio de 2021, a oposición del Ayuntamiento de Colmenarejo, integrada por PP, Vox, Alternativa por Colmenarejo y un concejal no adscrito, presentó una moción de censura contra el Gobierno del PSOE. Según fuentes del Partido Popular, la razón fue “una falta de confianza por parte del equipo municipal hacia la alcaldesa en el trabajo que tiene que ser para el municipio”. Sin embargo, la edil socialista se negó a convocar el pleno extraordinario, alegando que eran “razones subjetivas, aludiendo a mi capacidad de gestionar, mi juventud y una serie de consideraciones personales.”

En octubre de 2021, el secretario municipal del Ayuntamiento de Colmenarejo paralizó, con un informe, dicha moción de censura. La decisión del secretario municipal fue recurrida por la oposición.

“Pensamos que es una resolución ilegal desde el punto de vista administrativo. Creemos que además puede entrar en el ámbito penal porque contradice de forma patente la legalidad. Además, justifica la no convocatoria en hechos acaecidos con posterioridad al momento en que debería haber convocado la moción de censura”, añadía Nieves Roses.

El fallo del pasado del pasado 1 de julio de 2022 dio la razón a la oposición. La sentencia desestimaba el Decreto de 20 de octubre de la Alcaldía y ordenaba celebrar la votación inmediata de la moción de censura.

Sin embargo, desde el PSOE, Miriam Polo expresó que como “se trata de una sentencia que no es firme, tenemos 15 días para presentar recurso de alegación, que se va a presentar el 21 de julio, vamos a agotar el plazo para presentarlo, estamos en nuestro derecho”. Ante la respuesta de la regidora socialista, desde el PP denunciaron “una situación de desacato y apartamiento de las normas”, pues la sentencia establece que “cabe interponer recurso de apelación en un efecto en el término de 15 días a contar desde el siguiente a su notificación”.

Los servicios jurídicos de la oposición subrayan que alno tener esta sentencia efectos suspensivos, debería cumplirse “desde el momento que se recibe”. Por tanto, “aunque ya hay una sentencia que técnicamente no se puede considerar firme, la no firmeza no es que no deba ser cumplida y ejecutada, porque aquí cabe que puede convivir el recurso con la ejecución”, aclaran desde el PP.

El 28 de julio de 2022, un auto rechazaba la petición de ejecución provisional de la sentencia del 1 de julio de 2022, en la que se establecía que debía procederse a la convocatoria del Pleno de Moción de Censura contra la alcaldesa socialista.

Por este motivo, el 24 de agosto de 2022, los grupos de la oposición interpusieron un recurso de apelación a ese auto del 28 de julio de 2022, en el que se rechazaba su petición de ejecución provisional de la sentencia del 1 de julio de 2022. A este recurso se ha adherido en el mes de septiembre, el Fiscal Provincial de Madrid, sección de lo Contencioso Administrativo.

Antonio Reguilón, presidente de Vinos de Madrid: “es importante que los madrileños empecemos a exigir vinos de Madrid”

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Madrid, sigue sumando noticias positivas para las bodegas y vinos madrileños, habiendo logrado el hito de establecer un lineal completo de sus bodegas en el centro comercial Alcampo Pío XII, este mes de octubre.

En los últimos años, la D.O. Vinos de Madrid, está dando un impulso sin precedentes al conocimiento, la apreciación y consumo de los vinos madrileños tanto a nivel regional, como a nivel internacional, con una expansión y un volumen de ventas en el extranjero histórico hasta el momento.

Cabe recordar que la Denominación de Origen Vinos de Madrid cerró el año 2021 con 4.464.036 contraetiquetas expedidas, siendo esta la mejor cifra de la historia. El esfuerzo constante de las bodegas por aumentar la calidad de sus vinos, la adaptación al mundo del marketing digital, la mejora de la imagen del producto y la modernización en los procesos de elaboración e instalaciones, han hecho posible este aumento que supone un incremento del 24% con respecto al año anterior.

En este sentido, resulta fundamental la enorme labor que está realizando el presidente de la Denominación de Origen, Antonio Reguilón, en su firme apuesta por una estrategia de expansión y promoción constante y permanente: “Necesitamos que se hable del vino de Madrid y que la gente lo tenga en la cabeza, tenemos sobradamente hueco en el mercado y es importante que los madrileños empecemos a exigir vinos de Madrid.”

Dentro de la estrategia seguida por la Denominación de Origen Vinos de Madrid en materia de expansión en las grandes cadenas de alimentación, es decir, en los lugares donde el vino puede llegar a todos los consumidores, este mes de octubre se ha llevado a cabo la experiencia pionera dedicar un lineal completo a vinos de Madrid, además de una forma muy vistosa y divulgativa, con el mapa de la Denominación de Origen bien señalizado, localización de las distintas subzonas, más catálogo de productos y variedad, etc. Según ha comentado el presidente de la D.O., “estoy seguro de que a partir de este momento, otros centros comerciales se van a sumar a esta estrategia que posiciona los vinos de Madrid para que se vean los primeros en los lineales”.

Y es que en la primera semana de exposición de los vinos madrileños en este lineal completo de Alcampo Pío XII, las ventas de vino de Madrid en este centro han subido un 26%. Como afirma Reguilón: “hay que concienciarse de que naturalmente, junto a la calidad de nuestros vinos, la promoción y la visibilidad son fundamental a la hora de vender.”

El futuro de los vinos de Madrid

El principal objetivo de la Denominación de Origen es “vender botellas de vino y cuantas más, mejor”. Esto tiene mucho que ver con el futuro del vino de Madrid ya que, si el negocio del vino es rentable, no se arrancarán viñedos en la Comunidad, y las cooperativas y las bodegas tendrán la oportunidad de conseguir un relevo generacional que al final es lo más importante.

“En Madrid estamos ahora en la tesitura de que hay que apostar al cien por cien por proteger nuestro viñedo, porque se pague bien y por estar en las mesas de los restaurantes y en los lineales de los supermercados” ha subrayado Reguilón.

Impulso del enoturismo

El mundo del vino cada día atrae más turismo. Gracias al enoturismo, los pueblos reciben visitantes y se genera riqueza en el mundo rural. “El enoturismo tiene que ir absolutamente de la mano de la Denominación de Origen y tienen que crecer juntos.”

Por ello, la D.O. y Madrid Enoturismo, trabajan de forma conjunta en el impulso del turismo vitivinícola, en cuya base están las bodegas, y que se sustenta en las tradiciones familiares, en la elaboración del vino, en la oferta cultural, en el patrimonio, la gastronomía y la naturaleza.  

Ferias y eventos para impulsar los vinos de Madrid

En el mes de octubre se han llevado a cabo diversas ferias amparadas bajo la D.O. Vinos de Madrid, como una reciente cata en el municipio de Estemera, la Fiesta de la Vendimia en Cenicientos, unas interesantes jornadas en Navalcarnero, etc. Cabe destacar la Feria del Vino de Boadilla del Monte, donde el éxito de participación y visitantes ha sido tan enorme que se quedaron sin vino la mayor parte de las bodegas. Antonio Reguilón ha valorado muy positivamente esta feria que ha calificado como “espectacular”, afirmando que es una feria que “cada año crece más por lo que se está convirtiendo en una feria de referencia en la Comunidad de Madrid.”

También se ha celebrado la Fiesta de Fin de Vendimia en el espectacular entorno del Palacio de Santoña en Madrid, con los vinos como protagonistas junto con su maridaje. En este sentido, el presidente de la D.O. ha agradecido la cooperación de la gastronomía madrileña a través de Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid, en un evento que no se entendería sin su colaboración, puesto que cada vino se acompaña por un plato elaborado por un cocinero diferente.

Próximas citas en Madrid capital

El mes de noviembre también está repleto de actividades para la promoción y el disfrute de los vinos de Madrid, entre ellas, diversas catas como la Cata castiza en el Mercado de Las Ventas, catas en el Mercado de San Miguel, o la colaboración de la D.O. en el Mes de la Casquería.

Y el día 7 de noviembre, la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol acogerá una nueva edición del Salón del Vino de Madrid, que este año prevé recibir una importante cantidad de visitantes tras superarse las restricciones de aforo ocasionadas por la pandemia de coronavirus.

OPINIÓN| Por Raquel Cubero, periodista

Solo se me ocurren cuatro razones por las que la ministra de Igualdad, Irene Montero, esté promoviendo una ley que permite que un adolescente de entre catorce y dieciséis años tenga plena capacidad de solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, o que un menor de entre doce y dieciséis años pueda solicitar que le practiquen una modificación genital “siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas”.  ¿Madurez? ¿Cómo se cuantifica o se valora el grado de madurez de un adolescente, precisamente en el periodo más convulso biológica y emocionalmente de su vida?

Pues estas cuatro razones que me asaltan son: la primera y más simple, no estar en su sano juicio; la segunda, tener un desconocimiento absoluto de la realidad de los adolescentes y de su evolución como personas hacia la etapa adulta, en todos los aspectos de la vida; la tercera, despreciar y carecer de toda empatía hacia un sector de población muy vulnerable de la sociedad, estando dispuesta a prender la llama de un polvorín que puede destrozar muchas vidas; y la cuarta, tratar de obtener rédito político y económico, buscando nuevos nichos de votantes y fomentando nuevos chiringuitos que instrumentalicen e implementen la nueva “Ley Trans”.

La Ley Trans de Irene Montero es una auténtica tomadura de pelo -otra más- a los ciudadanos españoles, una tomadura de pelo que puede resultar muy dañina para nuestros menores y para la sociedad en su conjunto.

Se trata de una ley absurda que busca su justificación en la protección y defensa de los derechos y libertades de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, derechos que ya están contemplados en nuestra Constitución para el conjunto de todos los españoles, de todos, sin necesidad de fragmentar, trocear ni dividir… práctica que tanto gusta a la izquierda sectaria, rancia y radical de nuestro país, la izquierda que actualmente está en el Gobierno de España, sosteniendo a Pedro Sánchez, y que por ello, tiene plena capacidad ejecutiva.

En la exposición de motivos de la Ley, se trata de justificar su sentido y necesidad, en referencia a “datos preocupantes” respecto a la discriminación de las personas trans en España, indicando una sarta de datos estadísticos, para a continuación indicar que “a falta de datos oficiales, la Universidad de Málaga publicó en 2012 un estudio…” bla, bla, bla… Vamos, que no hay datos oficiales, ni se los espera.

Habría que debatir mucho sobre diferentes aspectos que contempla esta ley, por ejemplo, a nivel sanitario, ya que incorpora los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, cuando, sin embargo, nuestro sistema sanitario adolece de otros servicios que afectan al conjunto de toda la sociedad como pueden ser los tratamientos dentales, gafas, servicio de podología, etc.

Son muchos los aspectos preocupantes que acarreará esta ley, por ejemplo, a nivel educativo -incluyendo en el currículum de todas las etapas educativas materias de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y diversidad familiar-, o a nivel jurídico, respecto a la carga de la prueba, ya que señala que corresponderá a la parte demanda o imputada la aportación de una justificación…, lo que contradice absolutamente el principio de presunción de inocencia.

Sin duda, esta Ley Trans, es un nuevo instrumento al servicio de ese proyecto de ingeniería social que obsesivamente busca la izquierda en España, con el objetivo de crear una masa social uniforme, homogénea, anodina, sin personalidad, sin capacidad  crítica, es decir, una sociedad totalmente manipulable.

No se puede defender la libertad, recortando libertades, no se puede fomentar el respeto desde el sectarismo y el odio.

O sí… cuando se buscan, además, ciertos fines económicos para satisfacer estómagos agradecidos (futuros votantes), que son quienes llevarán a cabo esos estudios y encuestas sobre situaciones absurdas e inútiles, o quienes conformarán nuevos chiringuitos, asociaciones y entidades subvencionadas como el Consejo de Participación de las Personas LGTBI que la Ley Trans pretende constituir como órgano colegiado y que, como no podía ser de otra manera, dependerá del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.