OPINIÓN| Por Raquel Cubero, periodista

Solo se me ocurren cuatro razones por las que la ministra de Igualdad, Irene Montero, esté promoviendo una ley que permite que un adolescente de entre catorce y dieciséis años tenga plena capacidad de solicitar por sí misma ante el Registro Civil la rectificación de la mención registral relativa al sexo, o que un menor de entre doce y dieciséis años pueda solicitar que le practiquen una modificación genital “siempre que, por su edad y madurez, pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas”.  ¿Madurez? ¿Cómo se cuantifica o se valora el grado de madurez de un adolescente, precisamente en el periodo más convulso biológica y emocionalmente de su vida?

Pues estas cuatro razones que me asaltan son: la primera y más simple, no estar en su sano juicio; la segunda, tener un desconocimiento absoluto de la realidad de los adolescentes y de su evolución como personas hacia la etapa adulta, en todos los aspectos de la vida; la tercera, despreciar y carecer de toda empatía hacia un sector de población muy vulnerable de la sociedad, estando dispuesta a prender la llama de un polvorín que puede destrozar muchas vidas; y la cuarta, tratar de obtener rédito político y económico, buscando nuevos nichos de votantes y fomentando nuevos chiringuitos que instrumentalicen e implementen la nueva “Ley Trans”.

La Ley Trans de Irene Montero es una auténtica tomadura de pelo -otra más- a los ciudadanos españoles, una tomadura de pelo que puede resultar muy dañina para nuestros menores y para la sociedad en su conjunto.

Se trata de una ley absurda que busca su justificación en la protección y defensa de los derechos y libertades de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, derechos que ya están contemplados en nuestra Constitución para el conjunto de todos los españoles, de todos, sin necesidad de fragmentar, trocear ni dividir… práctica que tanto gusta a la izquierda sectaria, rancia y radical de nuestro país, la izquierda que actualmente está en el Gobierno de España, sosteniendo a Pedro Sánchez, y que por ello, tiene plena capacidad ejecutiva.

En la exposición de motivos de la Ley, se trata de justificar su sentido y necesidad, en referencia a “datos preocupantes” respecto a la discriminación de las personas trans en España, indicando una sarta de datos estadísticos, para a continuación indicar que “a falta de datos oficiales, la Universidad de Málaga publicó en 2012 un estudio…” bla, bla, bla… Vamos, que no hay datos oficiales, ni se los espera.

Habría que debatir mucho sobre diferentes aspectos que contempla esta ley, por ejemplo, a nivel sanitario, ya que incorpora los tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, cuando, sin embargo, nuestro sistema sanitario adolece de otros servicios que afectan al conjunto de toda la sociedad como pueden ser los tratamientos dentales, gafas, servicio de podología, etc.

Son muchos los aspectos preocupantes que acarreará esta ley, por ejemplo, a nivel educativo -incluyendo en el currículum de todas las etapas educativas materias de orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales y diversidad familiar-, o a nivel jurídico, respecto a la carga de la prueba, ya que señala que corresponderá a la parte demanda o imputada la aportación de una justificación…, lo que contradice absolutamente el principio de presunción de inocencia.

Sin duda, esta Ley Trans, es un nuevo instrumento al servicio de ese proyecto de ingeniería social que obsesivamente busca la izquierda en España, con el objetivo de crear una masa social uniforme, homogénea, anodina, sin personalidad, sin capacidad  crítica, es decir, una sociedad totalmente manipulable.

No se puede defender la libertad, recortando libertades, no se puede fomentar el respeto desde el sectarismo y el odio.

O sí… cuando se buscan, además, ciertos fines económicos para satisfacer estómagos agradecidos (futuros votantes), que son quienes llevarán a cabo esos estudios y encuestas sobre situaciones absurdas e inútiles, o quienes conformarán nuevos chiringuitos, asociaciones y entidades subvencionadas como el Consejo de Participación de las Personas LGTBI que la Ley Trans pretende constituir como órgano colegiado y que, como no podía ser de otra manera, dependerá del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.